Un artículo de Joana García Grenzner para Diagonal

De las manifestaciones contra la ley de matrimonio homosexual a la actual ofensiva antiabortista, pasando por la campaña contra Educación para la Ciudadanía... Iglesia, grupos ultraconservadores y partidos afines (del PP a la ultraderecha declarada) han dedicado la legislatura a seguir la doctrina Ratzinger: defender “los derechos del embrión humano” y “la familia fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto” frente “a las leyes modernas sobre el divorcio”. Así han logrado incluir estos temas en la agenda política y conservar sus privilegios. La polémica por la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que según la Conferencia Episcopal promueve “el relativismo moral y la ideología de género” se ha saldado con un balance más que favorable para la Iglesia. Según Luis Alegre, coautor del libro Educación para la Ciudadanía: democracia, capitalismo y Estado de Derecho “el Gobierno ha cedido a la presión y los chantajes de los sectores más reaccionarios de la Iglesia”. El elemento de la diversidad sexual y familiar, “uno de los pocos bien definido y obligatorio, se retiró en la negociación con la FERE (Federación Española de Religiosos de Enseñanza)”. Al no ser verificable científicamente, “el temario está sujeto a margen de maniobra y en las escuelas concertadas podrán dedicarlo a adoctrinar en su línea”. Para Isabel Iserte, vicepresidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal, la asignatura es “ambigua, y no incluye la educación sexual”, que se imparte sólo en algunos centros. Mientras tanto, Alegre recuerda que “la religión se sigue impartiendo con fondos públicos y con profesorado seleccionado directamente por la Conferencia Episcopal”.



El Gobierno mantiene los privilegios del clero santificados en el Concordato de 1979 con el Vaticano, que comporta la mención explícita a la “cooperación con la Iglesia” en la Constitución. El acuerdo obliga a las escuelas a respetar los valores de la ética cristiana e incluir la enseñanza de religión; declara inviolables los lugares de culto, archivos y documentos propios; atribuye a la Iglesia capacidad jurídica y derecho a autoorganizarse y la exime de pagar contribuciones urbanas por sus edificios e impuestos sobre el patrimonio. El Gobierno no prevé revisar el Concordato, propuesta que defienden Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida. Además, compensó la supresión de la exención del pago del IVA subiendo del 0,52% al 0,7% el porcentaje del IRPF dedicado a sus organizaciones.

Despenalización del aborto

La ley de despenalización parcial del aborto permite que todo el personal implicado en la intervención pueda hacer objeción de conciencia por motivos religiosos y somete la voluntad de la mujer al dictamen médico y judicial. Ante la promesa de “garantizar la calidad, seguridad y confidencialidad” para las mujeres en la prestación del aborto del último Consejo de Ministros, Isabel Iserte denuncia “la reciente citación judicial a 30 mujeres más que abortaron en clínicas de Morín. Pedimos al Gobierno que cumpla”. De la estrategia de salud sexual y reproductiva que anuncia el programa electoral del PSOE, Iserte cree que “debería incluir la educación afectivo-sexual en el currículo escolar desde primaria, la gratuidad de los anticonceptivos y el aborto. Queremos una ley de plazos como la holandesa, que llega a las 24 semanas”. También le añadirían “un cuarto supuesto de razones socioeconómicas, sin límite de tiempo. En 2004 lo iban a incluir, pero dos diputados del PSOE se ausentaron de la votación y se perdió”. IU propone también una ley de plazos e incluye a la directora de la clínica de abortos Isadora, Marisa Castro, en su lista. En cuanto a la promesa socialista de dispensar gratuitamente la píldora poscoital, que sólo se reparte en nueve Comunidades, Iserte insiste en que “deberían incluirla en la cartera de servicios de la Seguridad Social. Seguramente no lo hacen por presiones de la Iglesia y grupos ultraconservadores”.