Al inicio de la semana recogimos la noticia del juez que retiró la custodia de dos niñas a su madre por ser lesbiana. Muchas han sido las manifestaciones subsiguientes en contra del juez Fernando Ferrín Calamita, que solicitaban al Consejo General del Poder Judicial que expedientara al magistrado.

Entre los que mostraron su repulsa ante la vergonzosa sentencia destacaron la asociación Jueces para la Democracia, el ministro de Justicia Fernández Bermejo, la secretaria del Poder Judicial del PSOE Maribel Montaño, el líder de Izquierda Unida Gaspar Llamazares y la FELGTB junto con dieciséis asociaciones de mujeres. Como resultado y después de la investigación pertinente, el CGPJ ha decidido por unanimidad abrir un expediente disciplinario por falta grave al titular, por las expresiones vertidas en el citado auto.

Tras la reunión de la Comisión Disciplinaria del órgano, su portavoz Enrique López anunció esta medida y puntualizó que -desgraciadamente- este juez sólo se enfrentará a “una falta con sanción”, que será previsiblemente administrativa y que ascenderá como máximo a 3.000 euros. López también explicó que la Comisión Disciplinar del CGPJ no entró a valorar “el criterio de atribución de la custodia al padre o la madre”, sino “las expresiones y argumentaciones que aparecen en la resolución del juez”, las cuales han estimado “innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico”.

Por lo expuesto, la sentencia de Fernando Ferrín ha sido declarada inconstitucional y discriminatoria, al vulnerar el artículo 14 de la Constitución Española e incurrir en una falta grave prevista en el artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hace no mucho tiempo se recurrió también a este último artículo, para amonestar a un juez cántabro que incluía recomendaciones religiosas en las sentencias sobre parejas en trámites de divorcio.

Además éste no es el único caso por el que el juez Ferrín se enfrenta a una intervención de las comisiones disciplinarias del CGPJ. El magistrado, que en los ochenta ordenaba la detención de las jóvenes que hacían topless, también será investigado para determinar por qué retrasó más de un año el proceso de adopción de una niña por parte de una mujer lesbiana, cuya pareja era la madre biológica de la menor.

Éstos son sólo dos casos de la prevaricación de la moral ultraconservadora que en ocasiones mancha las garantías del Poder Judicial y del Estado de Derecho. Cabe destacar que el juez ha recibido también el apoyo ulterior de asociaciones y plataformas tan ultras como el Foro de la Familia o Hazte Oír, quienes no paran de hacerse mala sangre por aferrarse con tanto ímpetu a la caspa preconstitucional. Nos aventuramos a pensar que ahora opinarán que el CGPJ es un organismo vendido al lobby gay, como todo.

Asistimos pues a las consecuencias a las que se enfrenta un juez que dictamina de forma contraria a la Ley, anteponiendo sus reparos morales a la ética profesional y los derechos reconocidos en nuestra legislación. Ahora deberían restablecerse estos derechos, después de sancionar a quien comete la irregularidad; ya que es necesario trasladar al conjunto que el sistema no está subyugado a la arbitrariedad de nuestros magistrados.

Menos mal que el CGPJ ha reaccionado. Me gusta cómo habéis redactado el post.

Quizá no sea el único órdago que esta noticia pueda producir.
Recientemente he leido prensa en la que se informa de que la ex-esposa afirma que no es lesbiana. ¿Será verdad? A estas alturas si realmente es lesbiana y tiene pareja no tendría por qué ocultarse; entonces daremos por cierto que es hetero.
Las asociaciones GLBT han actuado con rapidez.¿El hecho de que la mujer no sea lesbi afecta algo a las actuaciones? Desde luego que no, porque el juez se ha quedado sembrado y, creedme porque vivo en Murcia, no es la única burrada que ha dicho.
Ahora bien, cualquier marido despechado sólo tiene que facilitar un juicio con un juez retrógrado, calumniar a su ex y esperar resultados...